La Ley de Tecnologías Robóticas en El Salvador busca impulsar la innovación y la inversión y posicionar al país como un hub tecnológico regional.
FUENTE:lexlatin.com
AUTOR:Rosa Ramos
El 3 de julio, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó la Ley de Tecnologías Robóticas (publicada en el Diario Oficial N.º 135, Tomo N.º 448) cuya entrada en vigencia fue el 29 de julio. Esta ley complementa la ya vigente Ley de Fomento de la Inteligencia Artificial y Tecnologías (Ley IA) y consolida a la Agencia Nacional de Inteligencia Artificial (ANIA) como el ente rector y supervisor de ambas normativas, mientras se distingue por su enfoque pro-innovación, buscando posicionar a El Salvador como un pionero y centro de innovación regional en el campo de la robótica.
Establece un marco de clasificación de riesgos sin inhibir la experimentación, por lo que se concentra en el fomento de la investigación, el desarrollo y fabricación de tecnologías robóticas, la atracción de inversiones a través de incentivos fiscales, mientras funda certeza jurídica para el sector privado y establece los lineamientos aplicables para su implementación en el comercio, la industria, la educación y otros sectores. La norma excluye de su regulación tecnologías como drones, prototipos académicos y sistemas de automatización de edificios, poniendo su foco en aplicaciones con interacción comercial o en espacios públicos.
El ente rector de la ley será la Agencia Nacional de Inteligencia Artificial (Ania), que tendrá atribuciones de fiscalización, supervisión y vigilancia, para la que se ha previsto la creación de una División de Robótica encargada de desarrollar e implementar el marco regulatorio para las tecnologías robóticas. La Ania lo centralizará todo y su meta es actuar como un facilitador estratégico del ecosistema tecnológico.
Las atribuciones de la Ania son clasificar las operaciones de diseño, desarrollo y fabricación en tres categorías de riesgo (básico, intermedio y alto), según la naturaleza, el nivel de autonomía y el impacto potencial de las nuevas tecnologías. Emitir normas técnicas que sigan estándares internacionales como ISO/TS 15066, ISO 10218, ISO 13482 y la IEC 611508. Fiscalizar el cumplimiento de las normas técnicas y de seguridad. Administrar el Registro Nacional de Desarrollo, Innovación y Aplicación de IA, y colaborar con el Ministerio de Educación para la integración de la educación en robótica y IA en los programas académicos.
Adicionalmente, la Ania deberá emitir lineamientos o normas técnicas que traduzcan los parámetros éticos generales de la Ley de Tecnologías Robóticas (como la primacía de la persona humana, la obligación de garantizar la seguridad física, ambiental y la necesidad de proteger la información personal) en criterios verificables y exigibles. De esta manera, acota Katia Ventura, asociada de Arias – El Salvador, se permitirá un desarrollo responsable de la robótica, en sintonía con la seguridad jurídica y la protección de los derechos fundamentales.
La meta de la ley es convertir a El Salvador en un productor de tecnología robótica (hasta ahora solo la consume) y posicionarlo como un centro de innovación regional pionero en el campo de la robótica a la vez que trabajará en crear industrias de alto valor agregado, diversificar la economía y generar ingresos fiscales.
Por cierto, la ley está acompañada por el establecimiento de incentivos fiscales a los primeros proyectos robóticos desplegados y, además, contempla la creación de oportunidades para realizar pruebas piloto y la promoción de laboratorios y centros de investigación que ayuden a crear un ecosistema colaborativo entre el sector público y privado.
Es importante destacar que, además de los incentivos fiscales, un punto interesante es cómo la ley puede seguir evolucionando para dar más protagonismo a las universidades y centros de investigación, de acuerdo con Rodrigo Benítez, asociado sénior de GarciaBodan – El Salvador, quien apunta que estos espacios son semilleros de talento y creatividad, por lo que su vinculación con el sector privado puede generar proyectos de gran impacto en el área de robótica.
Incorporar mecanismos que fomenten esa colaboración; por ejemplo, a través de programas conjuntos, acceso a financiamiento o marcos de cooperación, sería una manera de potenciar lo que ya está previsto en la normativa y acelerar el desarrollo de la innovación en el país, señala.
La ley es, como dice Mario Lozano, socio de Arias – El Salvador, la respuesta al deseo estatal de atraer inversión extranjera y talento global, siguiendo la lógica de convertir al país en un laboratorio tecnológico regional, y a la necesidad de otorgar certeza regulatoria en ausencia de un marco legal, en el que la innovación corre el riesgo de quedar atrapada entre la improvisación y la inseguridad jurídica.
Así, la ley consolida un ambiente de previsibilidad, condición indispensable para la confianza empresarial y la protección de los inventores nacionales y extranjeros, explica.
No obstante, para consolidar una colaboración real entre universidades, centros de investigación y el sector privado, deberán sumarse medidas como fondos de investigación conjunta, programas de formación dual y convenios de coo peración internacional, que permitan que la academia aporte conocimiento y produzca talento calificado, las empresas desarrollen tecnología innovadora y el Estado garantice un entorno regulado y seguro, ahonda Lozano.
I+D y protección de los derechos de propiedad intelectual
Rodrigo Benítez apunta que, bajo el amparo de esta ley, la propiedad intelectual de las innovaciones y desarrollos tecnológicos que surjan en el país estarán protegidos bajo el marco de propiedad intelectual vigente en El Salvador, que establece medidas de confidencialidad respecto a la información a la que tenga acceso la autoridad, lo que brinda un resguardo adicional para los proyectos que se impulsen en este sector, así como por los tratados internacionales de los que el país forma parte.
Esto significa que los inventores mantienen sus derechos sobre las creaciones y pueden obtener la protección correspondiente, ya sea a través de una patente, un modelo de utilidad o un diseño industrial, según el tipo de desarrollo, dice.
Hablando de normativas ya existentes, y ante la cuestión de si la ley explicó cómo se regulará la recopilación y el uso de datos por parte de los sistemas robóticos, para proteger la privacidad de los ciudadanos o cómo considera que debe hacerse, Benítez precisa que la regulación de los datos va de la mano del derecho a la autodeterminación informativa y El Salvador ya tiene una Ley de Protección de Datos Personales, que establece cómo debe manejarse la información y quién es la autoridad encargada de supervisarlo (Agencia de Ciberseguridad del Estado).
Esto significa que, si un sistema robótico recopila datos personales, esa información estará protegida bajo dicha normativa. En ese sentido, la ley de robótica y la de protección de datos se complementan y trabajan de manera conjunta para garantizar la privacidad de los ciudadanos, indica.
Al final, según Mario Lozano, lo importante es recalcar que la Ley de Tecnologías Robóticas se complementa con la Ley Bitcoin, la Ley de Fomento de la Inteligencia Artificial y Tecnologías y la Ley de Fomento a la Innovación y Manufactura Tecnológica que conforman un bloque normativo orientado a la transformación digital y productiva del país, que busca catapultar a El Salvador como un hub regional de Innovación, ofreciendo seguridad jurídica e incentivos para atraer capital, fomentar la instalación de empresas y fortalecer un ecosistema tecnológico con proyección regional.
La combinación de estas leyes debería producir un impacto económico “significativo”, dice Katia Ventura, en el que haya un aumento de la inversión privada, acompañado de la atracción de empresas extranjeras y la generación de empleos especializados, provocando un salto en la productividad nacional y en la competitividad exportadora.
Este salto en la productividad nacional es un punto relevante, en el que pudiera existir un alto riesgo de automatización para un porcentaje significativo de los empleos actuales en El Salvador que, al no ser exclusivo del Estado o de la empresa privada, es un desafío compartido. No obstante, el experto de GarciaBodan recuerda que si se quiere aprovechar al máximo las nuevas tecnologías, se debe contar con una fuerza laboral actualizada y capaz de manejarlas. En ese sentido, es importante que El Salvador se enfoque en tener:
- Programas de formación técnica y digital que incluyan la capacitación en áreas como ciberseguridad, análisis de datos, inteligencia artificial, desarrollo de software y cloud computing aparte de la formación transversal en herramientas digitales para todos los sectores.
- Alianzas entre universidades, centros de investigación y sector privado para fomentar proyectos conjuntos de I+D en robótica y automatización y crear laboratorios de innovación y hubs tecnológicos con participación estudiantil y empresarial.
- Certificación de competencias y reconversión profesional mediante programas de certificación rápida para trabajadores en riesgo de desplazamiento e incentivos fiscales para empresas que capaciten a sus empleados en nuevas tecnologías.
Perspectivas futuras
Por ahora, lo que queda por delante es la emisión de las normas técnicas por parte de la Ania, en el plazo de 180 días estipulado por la ley. Esto le dará a los desarrolladores y empresas certeza jurídica, atraerá inversión y nutrirá el capital humano necesario de una ley diseñada para ser un catalizador de la innovación.
La ley, con su clasificación de riesgos y la emisión de normativas técnicas claras, crea un modelo regulatorio seguro. La normativa establece una serie de obligaciones claras para los desarrolladores, fabricantes e implementadores de tecnologías robóticas, entre cuyas exigencias se encuentran la aplicación de la diligencia debida en el diseño y operación de los sistemas, la trazabilidad de las funciones y los responsables, y la creación de planes de contingencia con salvaguardas para proteger a las personas.
La nueva norma se diferencia de enfoques más restrictivos implementados en otros países (como la Ley de IA de la Unión Europea), y ha sido promovida como un entorno que permite experimentar y escalar ideas sin temor a sanciones desproporcionadas, basándose en un principio de responsabilidad e incentivando el despliegue de tecnologías robóticas que podría ser bastante atractivo para la inversión extranjera, que ha demostrado en los últimos meses que busca entornos regulatorios menos restrictivos y onerosos y más eficientes, especialmente porque los costos de cumplimiento (como obtención de licencias, certificaciones, auditorías y asesoría legal) reducen la rentabilidad potencial de la inversión.
